Chocobar, entre la carcel y la Rosada

Caso Chocobar-Kukoc por Nazareno Roviello. Editorial de Downtown Corea

 El 8 de diciembre pasado, Juan Pablo Kukoc, de 18 años, fue herido de dos disparos por la espalda efectuados por el agente de policía, Oscar Chocobar. Luego de 4 días de agonía en el Hospital Argerich, Juan Pablo falleció.

Él y otra persona, de la cual se reserva la identidad por ser menor de edad, robaron y posteriormente apuñalaron a un turista en el barrio de La Boca. Tres testigos persiguieron a los asaltantes y lograron recuperar la cámara de fotos que había sido robada, cuando el policía, que salía de su casa, fue alertado de lo que estaba pasando. Cuando Juan Pablo y su compañero se escapaban, a más de tres cuadras del lugar del robo, Chocobar disparo por la espalda de Kukoc y terminó con la vida del chico de 18 años.

Ahora, Enrique Velázquez, titular del Juzgado de Menores Nª 1 de Capital Federal, procesó al policía por homicidio en exceso de legítima defensa, una figura que se utiliza mucho en casos como este que, para algunas organizaciones como Correpi, no deja de ser un nuevo caso de gatillo fácil. Lo que manifiestan quienes detentan esta postura, es que este tipo penal es  sistemáticamente utilizado al único efecto de que los funcionarios de las fuerzas de seguridad, en caso de ser condenados, obtengan una pena mucho menos gravosa.

¿Por qué entiende el juez que Chocobar actuó en exceso de legítima defensa?

Para que exista legítima defensa, el código penal exige que se reúnan tres requisitos: el primero es una acción ilegitima, la que efectivamente realizo Juan Pablo. El segundo es la necesidad de la utilización de un medio racional para repeler esa acción. Y acá esta lo que lleva al juez a tomar la determinación de encuadrar el accionar de Chocobar en un exceso: el medio utilizado, un arma letal, se utilizo irracionalmente o desproporcionadamente, dice Velázquez. Como último requisito, debe configurarse falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Cuestión que está acreditada con toda la descripción de los hechos.

Un dato muy relevante es que las cámaras de seguridad captaron el momento de los disparos, y claramente puede verse que Juan Pablo Kukoc corre escapando y en ningún momento  se da vuelta para volver sobre el policía o los testigos, tal como declaro el agente. Con lo cual, tampoco es real que haya existido un peligro inminente que no le haya dejado a Chocobar más alternativa que disparar con un arma de fuego. 

Por este hecho, Juan Pablo fue imputado por tentativa de homicidio criminis causa, y desde ya, fue sobreseído por causa de fallecimiento, cuatro días  después.

El juez entendió que la legítima defensa no es un cálculo matemático y que hay que evaluar los las cuestiones particulares de cada caso. También explica en su resolución que, en el marco de una persecución para evitar una fuga, la fuerza letal se debe utilizar únicamente como último recurso. Característica que se contrapone con lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Más allá de la cuestión procesal, es interesante el debate social que genera este caso. Sobre todo, teniendo en cuenta que Chocobar fue recibido en Casa Rosada por el presidente y los ministros de Seguridad nacional y bonaerense, a modo de reconocimiento a un acto heroico.

Para algunos, la posición adoptada por parte del gobierno es una señal de adoctrinamiento dirigida al resto de las fuerzas armadas. Es una bajada de línea para que quede claro cuál es la línea de acción que pretende este estado: pro represiva. Y es una presión al juez de la causa.

Cabe destacar que según el informe presentado por Correpi  en Archivo de Casos, esta organización denuncia que en los primeros 721 días de gobierno macrista, sucedieron 725 casos de gatillo fácil.

El Centro de Estudios Legales y sociales, refiere que si un funcionario estatal utiliza un arma letal de manera injustificada y ocasiona la muerte de una persona, que no era una amenaza a su vida ni a la de una tercera persona, “se trata de un hecho que los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos denominan ejecución sumaria y constituye una violación del derecho a la vida y la integridad física”

Sin ir más lejos, el gobierno dejo en claro que ayudara al policía económicamente, en función del procesamiento por embargo que también resolvió el juez en esta causa, estableciendo asi un nuevo enfrentamiento declarado con el poder judicial.

Del otro lado, está el conjunto de la sociedad que cree que la discusión jurídica que analizamos previamente, poco importa y que, asimismo, considera que Chocobar es un nuevo héroe en pos de la lucha contra la inseguridad. También, en la sociedad sobrevuela esta sensación de haber naturalizado que uno puede ser asaltado en cualquier momento y lugar, y que realmente es cierto que muchas veces pagan justos por pecadores. Hay que hacer hincapié, también, en porqué se siente así quien cree que personas que cometen este tipo de delitos merecen morir. Hay que saber leer una innegable sensación de hartazgo.

La pregunta es si para combatir la inseguridad, además de preparar a los funcionarios de las fuerzas, equiparlos y formarlos para actuar de la manera más conveniente y menos riesgosa, no será necesario empezar a analizar otras cuestiones que influyen en esta problemática, entendiéndola como el resultado de un conjunto de abandono de responsabilidades por parte del estado y de la sociedad, que hace décadas marcan la historia de nuestro país.

¿Hasta donde nos lleva la confusión que a veces nos hace considerar que alguien en estas circunstancias, se merecía la muerte, y hasta se celebra que este haya sido el desenlace?

La madre de Juan Pablo Kukoc, entrevistada en un programa de radio, expresó que había pedido ayuda para que su hijo pueda ser internado y para que le brinden un tratamiento psicológico.

En esa misma entrevista, la mujer dijo: “Para poder abrir su mente, poner los pies sobre la tierra y ver que no porque seamos pobres vamos a hacerle el mal a la gente. Él entendía eso”. Esta frase tendría que llevarnos obligatoriamente a reflexionar profundamente acerca del rol que estamos jugando como parte activa de la sociedad, mas allá de las responsabilidades del poder estatal.

Lo que probablemente podamos hacer es empezar a ver como colaboramos desde cada individualidad para fomentar esta conciencia colectiva que puede llevar a que un adolescente pobre se sienta tan miserable como para creer que tiene que hacer el mal a los que no tienen esa misma condición, o pedirle que valore el esfuerzo y la vida ajenas cuando siente la propia tan insignificante.

Por Nazareno Roviello

Modificado por última vez enJueves, 22 Febrero 2018 04:17

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